Responsabilidad política. Debemos exigir y dar un contenido claro y preciso a este concepto: responsabilidad de tipo ético, exigencia de buena gestión en su labor, objetividad en el cumplimiento de los intereses generales, ajeno a cualquier interés particular o favoritismo.
Forma de exigirla: hasta la fecha la exigencia de esta responsabilidad se deja en manos del Parlamento, pero se ha descubierto casí ineficaz dado que predominan los intereses de partidos y se acaba aplicando el criterio de mayorías. Esto rompe con la exigencia de responsabilidad que se debe regir por criterios objetivos de averiguación de la conducta y aplicación de las medidas que corresponda. El partido gobernante suele ser quien ostenta la mayoría en el Parlamento por lo que paraliza o difumina cualquier exigencia de responsabilidad haciendo ineficaz el sistema actual.
Es hora de tomar medidas que lleven a una verdadera exigencia de responsabilidad política y no la burda realidad a que estamos asistiendo día a día. Las comisiones de investigación dentro del Parlamento sólo deberían pronunciarse por mayorías absolutas a la hora de cerrar un tema por responsabilidad política. A partir de este momento se debe trasladar esta exigencia a otra entidad con igual legitimidad.
Se debe cambiar la estructura del Estado y crear un verdadero Defensor del Pueblo, no como ahora que resulta mas testimonial que otra cosa. Este debe ser de elección directa por la población y gozar de la misma legitimidad que el Parlamento. Y entre sus funciones debe estar el control real de los Poderes del Estado, entre ellos del poder Ejecutivo cuando haya indicios de corrupción, proselitismo, falta evidente de objetividad, gestión nefasta, etc. En el bien entendido que no exigirá responsabilidad penal, sino política, pudiendo suspender o inhabilitar para ejercicio político a aquellos que hayan contraído grave responsabilidad política por su gestión.
Forma de exigirla: hasta la fecha la exigencia de esta responsabilidad se deja en manos del Parlamento, pero se ha descubierto casí ineficaz dado que predominan los intereses de partidos y se acaba aplicando el criterio de mayorías. Esto rompe con la exigencia de responsabilidad que se debe regir por criterios objetivos de averiguación de la conducta y aplicación de las medidas que corresponda. El partido gobernante suele ser quien ostenta la mayoría en el Parlamento por lo que paraliza o difumina cualquier exigencia de responsabilidad haciendo ineficaz el sistema actual.
Es hora de tomar medidas que lleven a una verdadera exigencia de responsabilidad política y no la burda realidad a que estamos asistiendo día a día. Las comisiones de investigación dentro del Parlamento sólo deberían pronunciarse por mayorías absolutas a la hora de cerrar un tema por responsabilidad política. A partir de este momento se debe trasladar esta exigencia a otra entidad con igual legitimidad.
Se debe cambiar la estructura del Estado y crear un verdadero Defensor del Pueblo, no como ahora que resulta mas testimonial que otra cosa. Este debe ser de elección directa por la población y gozar de la misma legitimidad que el Parlamento. Y entre sus funciones debe estar el control real de los Poderes del Estado, entre ellos del poder Ejecutivo cuando haya indicios de corrupción, proselitismo, falta evidente de objetividad, gestión nefasta, etc. En el bien entendido que no exigirá responsabilidad penal, sino política, pudiendo suspender o inhabilitar para ejercicio político a aquellos que hayan contraído grave responsabilidad política por su gestión.
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